La futura nueva Ley unifica la regulación del sector hasta ahora existente en muy dispersas normas, abordando "ex-novo" aspectos de gran trascendencia para el sector, tales como la fijación de las garantías que habrán de proteger a los adquirentes o usuarios de las viviendas frente a sus posibles defectos o vicios constructivos; la configuración legal de los agentes que intervienen en el proceso constructivo, fijando sus obligaciones y sus consiguientes responsabilidades; la definición de los principios esenciales que han de presidir la actividad en el sector, con la consustancial determinación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad que deben satisfacer los edificios, etc., etc.

Las cuestiones relativas a las competencias profesionales de los diferentes técnicos quedan, como era previsible, sin modificación alguna respecto del Proyecto propuesto por el Gobierno, lo que supone el reconocimiento de la eficacia del modelo de dirección facultativa colegiada introducido en el año 1935, cuyos términos consolida y potencia.

Con la promulgación de la LOE se cierra un hasta ahora pendiente compromiso político y la incertidumbre ante las decenas de borradores, más o menos definitivos, a los que esta iniciativa legislativa ha dado lugar durante más de 25 años. Porque, como recordaba el diputado catalán Lluis Recoder, “posiblemente nunca un proyecto de ley ha alumbrado tantos anteproyectos”.